Este miércoles, inició formalmente sus labores la Diputación Permanente para el Segundo Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura.

 

Después del acto de instalación, en la sesión celebrada en el salón “Aquiles Elorduy” del edificio “Francisco Primo de Verdad y Ramos” del Congreso del Estado, se dio cuenta de correspondencia diversa de otras legislaturas de la República para luego dar paso a los asuntos generales.

 

En ese apartado, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José de Jesús Ríos Alba, tomó la palabra para aclarar informaciones vertidas en relación al Impuesto sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, enviado para su consideración al Poder Legislativo de Aguascalientes.

 

El legislador integrante de la Comisión de Vigilancia, expresó que las finanzas públicas de los estados y municipios se encuentran en una situación complicada por las pocas fuentes de ingresos y la alta dependencia de los recursos federales, por lo que se deben buscar alternativas para fortalecer las finanzas de los ayuntamientos.

 

Asimismo, el doctor Ríos Alba detalló con respecto al gravamen, que de ser aprobado aplicaría sobre los predios que sean beneficiados por la construcción de una obra pública, por estimarse que su desarrollo y conclusión acrecentará el valor de dichas propiedades, sin que esto se deba al esfuerzo económico de los poseedores.

 

Así, pues, el incremento en la plusvalía de bienes inmuebles, sería compensado con una aportación acotada a cierto período de tiempo previamente establecido, buscando alcanzar una mayor justicia social disminuyendo la especulación en las tierras y la ventaja oportuna que pueden tomar personas con capacidad económica y la información suficiente sobre la dirección del desarrollo local o de proyectos estratégicos en la región.

 

Señaló que los municipios, en promedio, tienen ingresos propios de alrededor de un 20% y de estos, el 47% está representado por el Impuesto a la Propiedad Raíz, aunque hay casos como el del Ayuntamiento de Aguascalientes donde hay cuentas por cobrar por un importe de más de 104 millones de pesos, por lo que ha tenido que recurrir al igual que Gobierno del Estado, a la contratación de financiamientos por hasta 15 años.

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