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PRI EXIGE QUE ACLARE LA ALCALDESA SU INTERÉS EN LA CONCESIÓN DEL AGUA

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Enrique Juárez Ramírez le exige a la señorita Teresa González que cumpla con su promesa de campaña del año 2016 de que se iría la concesionaria, de que reasumiría la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Aguascalientes, además de recodarle que CCAPAMA y el municipio no cumplen con planes de inversión de infraestructura hidráulica.

 

“El pasado jueves 12 de octubre, organizaciones civiles anunciaron una colecta de firmas para que CAASA se vaya de Aguascalientes y también, para que el servicio vuelva a su origen y que sea el municipio quien se encargue de proporcionar el vital líquido a la población. El municipio no aclara un plan en materia de agua, el municipio evade su obligación en política pública y materia hidráulica”, afirmó.

 

Respaldó el trabajo de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, para exigirle a la autoridad municipal que frene el daño que le implica a la población el incumplimiento de ese ofrecimiento.

 

Por su parte y al hacer uso la voz en rueda de prensa, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Citlalli Rodríguez González, mostró un video en el que precisamente la Presidenta Municipal “prometió” firmemente que: “CAASA ya se va, no le daremos permiso de que se quede ni un solo momento”, y para que: “Con responsabilidad histórica la concesión, regresará a la manos del gobierno municipal con precios justos y servicio de calidad”.

 

Rodríguez González, informó que el pasado lunes 17 de octubre la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una iniciativa en la que la legisladora eleva a Derecho Humano a Rango Constitucional la calidad en la prestación de los servicios públicos con el fin de que en los trienios y sexenios, los servicios públicos  vayan en detrimento, en espera de que el pleno legislativo le dé el aval definitivo, sea tal como sucede en el Distrito Federal a favor de la ciudadanía de manera progresiva.

 

Puntualizó que a lo largo y ancho del municipio de Aguascalientes una de las promesas incumplidas de campaña más importantes de la alcaldesa Teresa Jiménez y en la que empeñó su palabra, fue la de remunicipalizar el servicio del agua.

 

Indicó que a 10 meses de mandato Constitucional: “Ya estamos a punto de que rinda su primer informe de gobierno, sin que el pueblo de Aguascalientes vea resultados concretos, porque los adornos, los espectaculares, las letras gigantes, son sólo cosas superfluas, presuntas cerezas de un pastel, que no tenemos”, acotó.

 

Señaló además que una de las acciones concretas sobre su compromiso de remunicipalizar el agua hasta el momento, fue la de crear un grupo interdisciplinario del que no sabemos nada.

 

“Una figura tan sin sustento jurídico, que el rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le ha llamado mentirosa, sus acciones las hace en lo oscurito y no sabemos exactamente a qué obedece este grupo y por qué compromete autoridades académicas en un tema que ellos mismos desconocen”, afirmó.

 

Lamentó que el problema del abasto de agua potable en el municipio de Aguascalientes en los 224 pozos, es que el vital líquido se extrae a más de 650 metros de profundidad, lo que resulta además de costoso, dañino para la salud de las personas por el alto grado de minerales tóxicos.

 

Informó que la concesionaria logró una ampliación por 10 años más el convenio, lo que por consecuencia implica que el marco de acción sea hasta el año 2023.

 

La vicecoordinadora del GPPRI, añadió además que es preocupante la falta de compromiso en la inversión de recursos en agua potable, dejando caer la autoridad municipal la obra hidráulica disminuyendo e incluso desconociendo los montos que se han invertido para ese rubro.

 

Exigió además la legisladora local, que diga si no puede cumplir la Presidenta Municipal y que deje de darle vueltas al asunto ya que solo se enfrasca en oscuras justificaciones sin acciones concretas.

 

Para concluir, enumeró una serie de interrogantes sobre: el cumplimiento además de su promesa de campaña de concluir el convenio con la concesionaria, los montos de inversión para infraestructura hidráulica; el origen de 300 millones de pesos que costará la indemnización del contrato de prestación de servicio; programas emprendidos sobre concientización y el uso racional del agua potable; el papel que juega en el caso de pago de favores de campaña y que sea el propósito del nulo cambio de prestador de servicio; intereses del grupo de inversionistas que están detrás del convenio y que sea el negocio que desplace a una verdadera política pública de garantizar el derecho humano del servicio del agua potable.

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