Estado
PROCURADOR COMPARECE ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

Comparecencias 4

En una jornada más de sesiones de comisiones parlamentarias para efectuar la glosa del Segundo Informe de Gobierno del ingeniero Carlos Lozano de la Torre, tocó el turno al procurador general de Justicia del Estado, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien compareció ante la Comisión de Justicia para dar cuenta de las acciones en el ámbito de su competencia.

Las participaciones fueron abiertas por el diputado Gregorio Zamarripa Delgado, con los siguientes cuestionamientos: “¿Cuáles son los principales problemas en la Procuraduría General de Justicia (PGJ)? ¿Qué se está haciendo en cuanto a robos domiciliarios? ¿Incrementarán la inversión en infraestructura o sólo en plazas laborales? ¿Qué está pasando con el fondo de atención a víctimas del delito? ¿Cómo se va en cuanto a los exámenes de control de confianza? ¿Qué se propone para implementar el sistema alternativo de solución de conflictos?”

Al respecto, el fiscal estatal expresó que él ha llegado a construir, pues se tenía un gran retraso en el ámbito normativo, con una estructura funcional que no correspondía a las necesidades actuales de la sociedad, sin la infraestructura necesaria y con rezago tecnológico en temas periciales. La profesionalización y capacitación también era un asunto pendiente, afirmó.

 

Comparecencias 3

“Por este motivo, de dos años a la fecha se ha trabajado en atender estos aspectos, con el apoyo en materia legislativa como la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría” indicó. Mencionó que se ha avanzado en la actualización tecnológica para investigar y combatir el crimen. En cuanto a planta física, se ha crecido en el área de servicios periciales, una fiscalía de robo a vehículos, la ampliación del edificio de la Policía Ministerial con características novedosas de seguridad y con la visión de un sitio que reúna las condiciones acorde a los nuevos requerimientos.

Felipe Muñoz dio a conocer que también se procedió a la compra de vehículos y uniformes, y que ya se están construyendo la segunda etapa del Centro de Justicia para Mujeres y una pensión de vehículos. También, dijo, están a punto de poner en marcha una unidad para narcomenudeo.

En cuanto al Centro de Control de Confianza, declaró que se tiene a la fecha a más 90% del personal evaluado; es decir, 230 de 250, aproximadamente. Con relación a la atención de víctimas, refirió que se han otorgado más de 7 mil atenciones. Sobre el fondo respectivo, refirió que este año alcanzó más de un millón de pesos y fueron beneficiadas más de 80 personas, previa evaluación de un grupo de análisis.

El funcionario hizo mención de que la Procuraduría está avanzando en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, como la operación de mesas conciliadores, llegando a la resolución de 4,400 averiguaciones, con lo que se evitó prolongar los procedimientos legales.

“Se han acotado los delitos de alto impacto, pero aún tenemos el problema de los robos de casas y autos” reconoció Muñoz Vázquez. No obstante, aclaró que ellos tienen como principal función la investigación, por lo que se requiere una mayor comunicación con las policías municipales, a la par de estrategias sociales de prevención.

A continuación, intervino el legislador Roberto Martínez Muñoz, quien expresó que en el análisis del informe del Ejecutivo, se señala que han disminuido los delitos de secuestro y extorsión. Sin embargo, insistió en que la sociedad se duele de los robos a casa-habitación, a transeúntes, comercios y estudiantes. Por ello, inquirió sobre la parte de la estrategia de prevención que no está dando resultado.

El titular de la PGJ reiteró que si bien hay notorios progresos, como la disminución de homicidios dolosos, nueve de los cuales estuvieron vinculados a la delincuencia organizada, a diferencia de otros años, pero insistió en que la forma de disminuir los robos tendrá que ir de la mano de una estrategia económica, que seguramente será notoria con la atracción de inversiones y generación de empleos impulsada por el gobernador.

Explicó que muchos de los hurtos están asociados a la compra de droga o simplemente a las carencias económicas. En cuanto a la actuación de la dependencia a su cargo, Felipe Muñoz expuso que se ha avanzado en la atención de las víctimas del delito, así como la próxima operación del Centro de Justicia para Mujeres, que serán apoyadas principalmente en cuestiones de violencia intrafamiliar.

“La Procuraduría cree en la prevención, estamos priorizando áreas cruciales, más que en la adquisición de armas. De 75 millones que se nos otorgaron, ni un solo peso fue destinado a compra de armamento. Nosotros le apostamos a la prevención” enfatizó.

En su réplica, el legislador neoaliancista Roberto Martínez cuestionó si se ha pensado en salir a las zonas poblaciones que son focos potenciales de delito, a lo que el procurador respondió afirmativamente.

Sergio Augusto López Ramírez, representante popular por el PVEM, preguntó sobre qué sucede en el caso de los que llamó “presos políticos”, aludiendo a Jesús Soto, Ventura Vilchis y Ubaldo Treviño. “¿Por qué hay parcialidad en la aplicación de la ley, qué criterios hay, ya que parece que hay selectividad?” ¿Qué dice de la denuncia contra un ex alcalde que ahora es legislador por la compra de un helicóptero?” increpó.

Por otro lado, quiso saber sobre el número de policías ministeriales basificados, la figura del arraigo y cuántos de los retenidos han salido libres, además del nivel de modernización para presentar una denuncia. Al igual que sus compañeros, citó los incrementos en los índices de robo, por lo que cuestionó sobre los operativos para frenar este delito, especialmente con la revisión a casas de crédito, donde presumiblemente va a parar parte de lo sustraído ilícitamente.

Además, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde le pidió que expresara sobre el principio de respeto a la dignidad humana planteado en los valores difundidos en la página de internet de la PGJ, cuando se conoce de muchas quejas por la actuación de la fiscalía estatal.

Felipe Muñoz Vázquez aclaró que la Policía Ministerial es el cuerpo de seguridad que menos denuncias tiene en Derechos Humanos.

En lo tecnológico, reveló que cuando llegó a su cargo no funcionaban ni los teléfonos, menos otro tipo de equipamiento. “La parte del respeto a la dignidad humana incluye que existan instalaciones dignas, tanto para los de alta peligrosidad, hasta lo que son detenidos por algún incidente” respondió.

Afirmó con respecto al arraigo, que en el 2010 había 26 personas arraigadas, de las cuales sólo pudieron ser consignadas 4, por la deficiente integración del expediente. “En el 2011, de 180 arraigados, el 98% fue consignado por delitos del orden federal y del común. Para eso nos ha servido, para las personas que han cometido delitos de alto impacto no se vayan por un solo delito”. 146 fueron los arraigados este año, añadió, “de los que la mayoría siguieron su causa penal”.

Sobre la plantilla de ministeriales, contestó que actualmente se cuenta con 220 elementos en activo.

“Presos políticos, no hay”, subrayó. “Hay denuncias que integrar, antes no se les daba seguimiento. No son las únicas. Tengo 30 más que estoy integrando. En algunas de ellas, estoy a una diligencia para llegar a la consignación, trátese de quien se trate”, subrayó Felipe Muñoz.

El diputado Sergio Augusto López, en su derecho de réplica, mostró en su computadora que no es posible tener acceso al sistema de denuncia anónima por internet. También dijo que en la página web de la PGJ no se muestra entre los valores de la institución, el de la “imparcialidad”.

“A Vilchis, por un tomógrafo de 20 millones de pesos se le impuso una multa de 9 millones. A Ubaldo, que no pagó 25 millones al ISSSSPEA, le ponen una fianza de 30”, agregó el ecologista.

A continuación, el diputado Gilberto Carlos Ornelas presentó varios cuestionamientos, uno de ellos en relación a las cifras vertidas previamente: “¿La orientación de la PGJ no va a contrapelo con las nuevas disposiciones nacionales, como la desaparición del arraigo?, ¿La PGJ no incurrió en alguna actitud de desestimar el caso de la desaparición de Noemí Chávez, al pensar que se había fugado por su propio pie? ¿Hay protocolos para este ripo de casos?

El perredista también inquirió sobre la existencia o no del delito de trata de personas, y casos de explotación sexual. Asimismo, pidió que se detallara si se está haciendo algo para frenar el delito de abijeato, pues en gira por comunidades rurales, le manifiestan un incremento desmedido en robo de ganado.

El procurador de Justicia expuso que en temas de delincuencia organizada, la modalidad del arraigo se pretende conservar, como se ha acordado en conferencias nacionales de seguridad. Detalló que cuando alguien es arraigado, es porque hay fuertes indicios de que está vinculado a más de una acción ilegal o bien, un delito grave, a diferencia de cuando no hay pruebas consistentes, porque los detenidos salen en libertad en pocos días.

Sobre el caso de Andrea Noemí, Felipe Muñoz aseguró que desde el mismo día que se conoció de la desaparición de la jovencita, la Unidad de Secuestros inició la búsqueda y la denuncia se inició al día siguiente. Comentó que una de las principales líneas de investigación fue dirigida hacia el del culpable del crimen, pero que la investigación fue desviada por las declaraciones de la novia del homicida de que el sujeto en cuestión estuvo con ella todo el día del crimen.

En relación a la trata de personas, dio a conocer que ya han sido consignadas personas por este delito. “Sabemos que existe este delito y hemos obtenido sentencias condentorias”.

Asimismo, el procurador del estado declaró que se ha avanzado en el combate al abijeato.

El diputado representante del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que quedará la duda sobre si la casa de arraigos no es una fábrica de culpables y si realmente si privilegian los derechos humanos.

Tocó el turno al diputado Gabriel Arellano Espinosa, quien tomó la palabra para declarar: “Yo no cometí ningún delito diputado López, quien acusa tendrá que probarlo, sino se hará acreedor a una contrademanda”.

Alfredo Reyes Velázquez, legislador panista, dijo que se tienen dos denuncias presentadas, una de ellas precisamente durante la administración municipal de Gabriel Arellano. “Estamos denunciando hechos a los que se les tiene que dar seguimiento y sí le preguntamos sobre el estatus de esa denuncia del 2009, ya que en cambio, se actúo con atingencia en otras, como el ex alcalde de Calvillo y su ex tesorero” recalcó.

“Otro caso es del 2010”, detalló el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, “es el tema del enorme predio que se vendió con visos de irregularidad”.

Por otro lado, dijo celebrar que el procurador se comprometiera a atender directamente señalamientos del gremio de abogados, quienes se sienten agraviados en el cumplimiento de su labor al toparse con bloqueos diversos.

Adicionalmente, el legislador le pidió atender un caso en particular, de la retención durante un año de un tractocamión por una supuesta alteración en el número del chasis. Aseguró que la persona afectada posee la documentación que acredita la propiedad de la unidad.

En respuesta a lo expuesto en primera instancia, el procurador anticipó que sólo falta una diligencia vía exhorto al estado de Chihuahua, para que la averiguación esté cumplida. Además, explicó que “las averiguaciones tienen mayor o menos complejidad. Nos topamos con algunas “avanzadas” pero que no nos ayudaban, por reunir en una sola averiguación todos los temas. Por ello, procedimos a rehacer algunas para darles mejor seguimiento”.

Con relación a la denuncia del 2010, confirmó que está trabajando en ella.

Respecto a la reunión con los legistas, reiteró la disposición a colaborar en aras de abonar a la transparencia y los procesos judiciales.

Por último, el diputado Alfredo Reyes pidió que se volviera a hablar sobre un operativo que realiza la Procuraduría Federal Preventiva en la carretera 45 sur, donde antes se colocaba el Ejército. “Son unos bandoleros, toman el lugar en lo obscurito, para detener a transporte. Deberían estar en la Puerta Sur, donde hay instalaciones adecuadas. Hubo incluso un accidente”.

El panista pidió que se establezca una coordinación respetuosa y responsable, para que cesen las extorsiones contra transportistas.

Al respecto, Felipe Muñoz Vázquez se comprometió a actuar como interlocutor.

En el mismo sentido, el legislador Miguel Ángel Juárez aseguró que con el nuevo gobierno federal este tipo de acciones se van a erradicar.

Dicho lo anterior, el presidente de la Comisión de Justicia clausuró la sesión, no sin antes agradecer la presencia del fiscal estatal y de sus compañeros legisladores de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado.

Be Sociable, Share!

Comentarios

comentarios

Posts Relacionados

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *