En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, que preside la diputada Nancy Gutiérrez, y que en esta ocasión integraron el diputado Francisco Sánchez y la legisladora Karola Macías; fue avalado el dictamen de reforma a los artículos 20, 38, 48 y 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en materia de “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”, propuesta por la diputada Sanjuana Martínez.

El objeto de la reforma consiste en armonizar la redacción de los delitos contemplados en el citado ordenamiento con respecto a lo que establece la Constitución Política Federal sobre los impedimentos para ser electo (a) a un cargo de elección popular o designado (a) en la Secretaría General de Gobierno, Magistratura o titular de un juzgado del Poder Judicial.

ARTICULO ÚNICO. – Se Reforman los artículos 20, Fracción III; 38, Fracción II; 48, Fracción V; y 66, Fracción V del párrafo décimo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

La persona a quien por sentencia ejecutoria haya sido condenada por delitos contra la vida y la salud personales; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, en términos del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo que exista cabal cumplimiento de las penas y/o sanciones establecidas en la sentencia.

En este orden de ideas, las legisladoras Nacy Gutiérrez y Karola Macías, coincidieron señalar que el objeto de la propuesta de modificación constitucional se centra en “que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión público, cuente con un perfil orientado a respetar la vida; la salud; la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual; así como el derecho de alimentos y los derechos políticos electorales de las personas y, en especial, los de las mujeres. De esta manera personas que lesionen los bienes y valores mencionados, no serán admitidas para desempeñarse para ningún cargo público”.

De aprobarse esta modificación ante el Pleno, consideraron se cerraría el paso de manera definitiva al servicio público, a personas que han ejercido violencia de género, deudores alimentarios o incluso personas que hayan atentado contra la vida de otros.

Por lo que desde hoy, “esta propuesta de iniciativa se convierte en la más importante, para que los mejores perfiles de personas se encuentren al frente de las responsabilidades públicas, lo que convierte a este dictamen en una decisión histórica para México y su desarrollo como país, procurando los valores éticos antes que los intereses personales”.

El dictamen se turnó a la Junta de Coordinación Política para su trámite legislativo correspondiente.

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